Tráfico de menores en Sonora: exgobernador Padrés busca amparo frente a graves acusaciones

El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías (PAN, en el cargo de 2009 a 2015), solicitó un amparo el 20 de julio de 2025. Esta acción legal busca evitar ser detenido o incomunicado en el marco de una investigación que lo vincula con un presunto esquema de tráfico, sustracción y adopciones ilegales de menores de edad en al menos cuatro municipios: Empalme, Guaymas, Hermosillo y Navojoa. Los hechos estarían respaldados por la recomendación 9VG/2017 de la CNDH, que documentó casos de adopciones fuera de protocolo en casas hogar, como Unicari, donde niñas y niños fueron separados de madres vulnerables a cambio de pagos entre 110 000 y 130 000 pesos-

Contexto y gravedad del caso

La investigación se basa en denuncias que datan de entre 2009 y 2015, coincidiendo con el periodo de gobierno de Padrés. La CNDH señala la participación de redes coludidas con funcionarios estatales para “rescatar” y entregar menores a familias adoptantes sin supervisión legal ni procesos judiciales adecuados. Esta acción representa uno de los casos más delicados en la historia reciente de México, al implicar directamente a un exgobernador en delitos contra la infancia perpetuados desde aparatos institucionales.

Trayectoria judicial y estrategia de defensa

Padrés ya acumula antecedentes judiciales relevantes: fue detenido en noviembre de 2016 y pasó más de dos años preso por cargos de lavado de dinero y defraudación fiscal. En 2019 obtuvo libertad bajo fianza, y en abril de 2025 la Suprema Corte ratificó una condena que lo obliga a pagar 200 millones de pesos por evasión fiscal durante su mandato. El nuevo amparo solicitado busca blindarlo frente a la posibilidad de que se le requiera judicialmente por delitos graves relacionados con el tráfico de menores, que podrían implicar privación ilegal de libertad incluso tras su ejercicio público.

Implicaciones sociales y éticas

La naturaleza de las acusaciones convierte este caso en un escándalo de alto impacto ético y social: no se trata solo de corrupción o enriquecimiento ilícito, sino de la vulneración de derechos fundamentales de niñas y niños. Si las investigaciones confirman que menores fueron trasladados fuera de sus familias sin una evaluación legal, implicaría un patrón sistemático de abuso institucionalizado. Además, la utilización de casas hogar como fachada para adopciones no reguladas levantaría cuestionamientos sobre la complicidad de diversas dependencias estatales en Sonora en delitos que afectan directamente a la infancia.

El caso de Guillermo Padrés no es un nuevo escándalo individual, sino un cuestionamiento profundo a la integridad del aparato estatal de Sonora. La amplitud de la investigación —que abarca múltiples municipios y un patrón estructural de tráfico de menores— y la estrategia de protección legal muestran una lógica jurídica que puede prolongar impunidad. Por ello, la exigencia ciudadana de rendición de cuentas y transparencia judicial no solo es legítima, sino urgente: el futuro del sistema de protección de la infancia mexicana está en juego.