Los alcaldes del narco: ¿Cómo Morena protege a sus candidatos ligados al CJNG en Michoacán?

Una investigación revela que al menos 18 alcaldes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación siguen en el poder bajo el amparo de Morena, evidenciando la omisión y contradicciones del partido que se autoproclama la esperanza de México.

La reciente revelación de que al menos ocho alcaldes de Morena en Michoacán están vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según los Guacamaya Leaks, pone en evidencia una alarmante omisión por parte del partido que se autodenomina la "esperanza de México”. Estos documentos filtrados por la Secretaría de la Defensa Nacional en 2022 detallan presuntos nexos de 29 alcaldes michoacanos con grupos criminales, de los cuales 18 estarían ligados al CJNG.

A pesar de estos señalamientos, varios de los involucrados han continuado en sus cargos o han sido reelegidos. Por ejemplo, Isidoro Mosqueda Estrada, alcalde de Jacona por Morena, logró la reelección en 2024 y desestimó las críticas sobre la instalación de retenes en carreteras, que muchos consideran extorsiones. Rosa Elia Milán Pintor, también de Morena-PT, ha sido víctima de amenazas y atentados por parte de grupos criminales en Cuitzeo, pero continuará en su cargo hasta 2027. José Luis Téllez Marín, tras dejar la alcaldía de Hidalgo, se convirtió en diputado federal y promovió iniciativas como imponer tres años de cárcel a quienes intenten coaccionar el voto.

Esta situación plantea serias interrogantes sobre la postura de Morena frente a la infiltración del narcotráfico en la política. La falta de acciones contundentes para investigar y sancionar a los presuntos implicados sugiere una preocupante falta de compromiso con la transparencia y la justicia. Mientras tanto, la ciudadanía continúa pagando las consecuencias de esta complicidad, enfrentando violencia, inseguridad y desconfianza en las instituciones.

Es imperativo que Morena, como partido en el poder, tome medidas decisivas para esclarecer estos vínculos y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. De lo contrario, su discurso de lucha contra la corrupción y el crimen organizado se verá como una mera fachada, incapaz de enfrentar los desafíos reales que enfrenta el país.

La situación de violencia y narcotráfico en Michoacán en 2025 refleja una crisis de seguridad prolongada, exacerbada por la omisión y falta de acción efectiva por parte de las autoridades. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana mantienen un control territorial significativo, con enfrentamientos frecuentes que afectan directamente a la población civil. Por ejemplo, en junio de 2025, un enfrentamiento entre estos grupos en Zitácuaro resultó en la muerte de un menor de cinco años y dejó a su madre y dos hermanos heridos, evidenciando la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la violencia desbordada.

A pesar de los esfuerzos del gobierno federal, como el operativo “Operación Liberación” que movilizó a más de 2,800 elementos de seguridad, la respuesta ha sido insuficiente. La extorsión y el control económico por parte de los cárteles persisten en al menos 14 municipios del Estado de México, donde La Familia Michoacana impone cuotas y controla negocios locales. Además, la presencia de mercenarios colombianos, muchos de ellos exmilitares con experiencia en conflictos internacionales, ha sido reportada en estados como Michoacán, lo que indica una creciente complejidad en la estructura del crimen organizado.

La omisión gubernamental se manifiesta en la falta de acciones contundentes para desmantelar estas redes criminales y proteger a la población. A pesar de las denuncias y evidencias, las autoridades locales y federales no han implementado estrategias efectivas para erradicar la corrupción y la complicidad que permiten la operación de estos grupos en el estado. Esta falta de respuesta institucional contribuye a la perpetuación de un ciclo de violencia y desconfianza que afecta gravemente a los ciudadanos de Michoacán.

En resumen, la situación en Michoacán en 2025 es un reflejo de la incapacidad del gobierno para enfrentar de manera efectiva el narcotráfico y la violencia, dejando a la población en una situación de vulnerabilidad constante. Es imperativo que se tomen medidas urgentes y eficaces para restaurar el orden y la seguridad en la región.

Más que representar la esperanza de México, Morena ha mostrado ser un narcopartido, cuyo silencio, omisión y en ocasiones complicidad con grupos criminales han permitido que el narcotráfico se infiltre y consolide su influencia dentro de las estructuras políticas. Esta realidad erosiona la confianza ciudadana, perpetúa la violencia y la impunidad, y revela que lejos de combatir al crimen organizado, Morena en muchos casos ha facilitado su expansión bajo un manto de protección política, sacrificando el bienestar y la seguridad de la población en aras de mantener el poder.