Justicia Negada: comunidades indígenas sin representación en la judicatura

En el marco de la conferencia magistral “La representación política de la población indígena”, Janine Otálora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lanzó un contundente llamado de atención sobre la exclusión de las comunidades indígenas en la reciente reforma al Poder Judicial. Según la magistrada, esta omisión representa una nueva barrera para los derechos de millones de mexicanos pertenecientes a estas comunidades, principalmente de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Otálora destacó que el 25% de la población mexicana es indígena, pero su acceso a cargos dentro de la Judicatura es prácticamente inexistente. Esta situación perpetúa una estructura que ignora las voces y necesidades de los grupos históricamente marginados. “Es fundamental reconocer el derecho de estas comunidades a participar en la toma de decisiones judiciales que afectan directamente sus vidas”, afirmó.

El Tribunal Electoral ha avanzado en la creación de jurisprudencia para facilitar el acceso a la justicia de los grupos discriminados, pero Otálora advirtió que estos esfuerzos son insuficientes sin un marco legal más robusto que asegure igualdad de condiciones. La magistrada subrayó que garantizar la representación indígena en la Judicatura no solo es un derecho constitucional, sino una responsabilidad moral del Estado mexicano.

Además, enfatizó la importancia de construir un marco de actuación estatal que garantice la participación política sin discriminación. “No se trata solo de permitir que las comunidades indígenas sean escuchadas; se trata de empoderarlas para que puedan decidir sobre su propio destino dentro del sistema judicial”, sentenció.

La exclusión sistemática de las comunidades indígenas no solo afecta su acceso a la justicia, sino que perpetúa un ciclo de desigualdad y marginación. La magistrada concluyó su intervención haciendo un llamado a las autoridades y legisladores para que integren a estas comunidades en el proceso de toma de decisiones judiciales.

El reclamo de Otálora resuena como un recordatorio urgente de que la democracia y la justicia en México no estarán completas hasta que todos los sectores de la población, incluidos los más marginados, tengan igualdad de representación y oportunidades.