“Desaparecer en Campeche: la crisis que Layda no quiere ver”

Campeche vive una crisis que avanza en silencio, una que no se resuelve con discursos ni con frases como “tenemos otros datos”. La desaparición de personas en el estado se ha convertido en una herida abierta, y el gobierno de Layda Sansores San Román no ha demostrado la voluntad política ni la capacidad institucional para contenerla.

- Las desapariciones: una emergencia silenciada

De acuerdo con datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), más de 140 personas desaparecieron en Campeche durante 2024, muchas de ellas jóvenes y mujeres. Aunque la cifra puede parecer baja comparada con estados más violentos, la tendencia creciente, la falta de respuesta efectiva y el nulo reconocimiento del problema desde el gobierno estatal son alarmantes.

Organizaciones civiles han denunciado que los protocolos de búsqueda son lentos o inexistentes, que no se activan alertas de forma inmediata, y que las fiscalías carecen de personal capacitado y recursos materiales. Aun así, la narrativa oficial repite que “Campeche es uno de los estados más seguros del país”.

- El discurso vs. la realidad

La gobernadora Layda Sansores ha optado por minimizar la gravedad de la situación. Cada vez que se le cuestiona sobre violencia o desapariciones, recurre al argumento de que “tenemos otros datos”, negando sistemáticamente los reportes ciudadanos, los testimonios de familiares y los propios números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este desdén institucional no solo es ofensivo para quienes buscan a un ser querido, sino que contribuye directamente a perpetuar la impunidad. La falta de visibilización impide que se destinen recursos adecuados, que se generen estrategias de prevención y que se castigue a los responsables. En Campeche, desaparecer sigue siendo una condena para la víctima y para su familia.

- Familias rotas por la indiferencia

Para quienes tienen un familiar desaparecido, la vida cambia radicalmente. Cada día sin respuestas es una tortura emocional y económica. Las madres, hermanas y padres que buscan han tenido que volverse investigadores, activistas y abogados improvisados. Pero hacerlo en Campeche es aún más difícil porque no hay una Comisión Estatal de Búsqueda efectiva, y las autoridades no acompañan ni protegen a los colectivos de familiares.

Por si fuera poco, la persecución a periodistas y medios críticos —como el cierre del diario Tribuna y las restricciones impuestas a comunicadores— ha limitado la cobertura de estas desapariciones, silenciando aún más la tragedia. Sin prensa libre, los casos no se cuentan; y sin cifras claras, la emergencia se diluye en la narrativa gubernamental.

- Seguridad: una deuda urgente

La inseguridad en Campeche va más allá de los homicidios o los robos. El temor a que un familiar no regrese a casa es una de las sensaciones más devastadoras que puede experimentar una comunidad. Y ese temor está creciendo. A pesar del aumento en delitos como feminicidios, violencia familiar y extorsión, no hay acciones contundentes desde el gobierno estatal para frenar la violencia estructural que alimenta las desapariciones.

En vez de fortalecer la prevención, profesionalizar a los cuerpos policiacos o impulsar redes comunitarias de protección, la administración de Sansores ha optado por priorizar propaganda, filtraciones políticas y confrontaciones personales. La crisis humanitaria no figura en sus prioridades.

- Una responsabilidad que no puede postergarse

El Estado tiene la obligación legal y moral de buscar a todas las personas desaparecidas y de prevenir futuras desapariciones. No es un favor, es un derecho. En Campeche, esa obligación ha sido ignorada sistemáticamente. Las desapariciones no son “estadísticas menores” que puedan ocultarse tras slogans políticos. Cada persona que falta deja una familia rota, una comunidad herida y un Estado más débil. Si el gobierno de Layda Sansores no asume esta responsabilidad con seriedad, la deuda con las víctimas y sus familias seguirá creciendo, y con ella, la desconfianza ciudadana hacia las instituciones que deberían protegernos.