Análisis crítico del impacto de la reforma en derechos humanos

La reciente reforma al artículo 19 constitucional para incluir la extorsión y delitos relacionados con el fentanilo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ha generado polémica. La medida, defendida por Morena y sus aliados, fue aprobada tras un debate donde las posturas variaron desde los que aplauden la política de “mano dura” hasta quienes critican el encarcelamiento automático sin sentencia. Aunque el narcomenudeo y los delitos fiscales se excluyeron en última instancia, el temor entre expertos y defensores de derechos humanos es que la expansión de la prisión preventiva oficiosa perpetúe abusos y detenciones arbitrarias.

Según el INEGI, más del 44% de personas encarceladas sin sentencia están bajo prisión preventiva, un hecho que revela las fallas del sistema judicial mexicano. La reforma refleja una tendencia hacia un Estado punitivo que prioriza el encarcelamiento antes que los procesos justos y exhaustivos. Si bien la reforma excluye el narcomenudeo y los delitos fiscales, la adición de delitos relacionados con el fentanilo genera una narrativa alarmante, pero no aborda causas estructurales del crimen. Al priorizar el encierro automático, el Estado podría seguir acumulando reclusos sin resolver problemas subyacentes como la corrupción o el tráfico de influencias en el sistema judicial.

La discusión parlamentaria reflejó la polarización, con un discurso de “justicia” utilizado por Morena para legitimar la ampliación de delitos con prisión preventiva, mientras que la oposición destacó los riesgos de abusos a los derechos. La prisión preventiva oficiosa es, en teoría, una medida cautelar, pero en la práctica se convierte en una sentencia anticipada, afectando la presunción de inocencia. A largo plazo, esta política podría convertirse en un retroceso en el avance de los derechos humanos y el sistema de justicia en México, generando un impacto negativo en las comunidades más vulnerables.